“Esas propuestas que son beneficiosas para el sistema de justicia en el Perú, hay que acogerlas y respaldarlas”, afirma el ministro Chero. (Foto archivo)
“Esas propuestas que son beneficiosas para el sistema de justicia en el Perú, hay que acogerlas y respaldarlas”, afirma el ministro Chero. (Foto archivo)

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, se mostró a favor de que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) se encargue de elegir al procurador general del Estado y declare la vacancia del cargo, como propone un proyecto de ley de la congresista Susel Paredes (No Agrupados).

Actualmente el procurador general del Estado es designado por el presidente de la República, a propuesta del ministro de Justicia.

Si bien el titular del sector Justicia respaldó la iniciativa, recordó que primero el Congreso debe debatir y votar el proyecto de la legisladora Paredes.

“[¿Está de acuerdo en que la JNJ elija al procurador?] Totalmente de acuerdo, particularmente si me preguntan como ministro yo estoy de acuerdo que sea la Junta Nacional de Justicia”, manifestó Chero en entrevista a “Exitosa”.

Esas propuestas que son beneficiosas para el sistema de justicia en el Perú, hay que acogerlas y respaldarlas”, agregó.

El proyecto de ley plantea que sea la JNJ la entidad que conduzca el concurso público de méritos para el nombramiento del procurador general del Estado, así como su proceso de remoción por falta grave y la declaratoria de vacancia del cargo por otras causales legales.

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Ministro Chero apoya proyecto para que Junta Nacional de Justicia elija al procurador general del Estado (Fuente YouTube)

Antecedentes

En la exposición de motivos del proyecto en cuestión se detalla que tras la destitución de Daniel Soria Luján como procurador general del Estado, el 1 de febrero de 2022, las consecuencias de tal decisión han generado “justificadas preocupaciones”, tanto con respecto a la designación de su sustituta, como a la vigencia real de los principios rectores asociados al cargo.

Al respecto, el documento recordó que la decisión fue dispuesta por el Gobierno a las pocas semanas de que Soria Luján presentara una denuncia contra el presidente Pedro Castillo, a través de una resolución suprema rubricada por el propio acusado y el entonces ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres.

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