Wilmer Cayllahua, congresista del , presentó un proyecto de ley para que los presos trabajen en terrenos del Estado como parte de un servicio comunitario, lo cual ha sido suscrito por la bancada del pescadito.

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El proyecto de ley N° 5954 tiene como objetivo que este trabajo comunitario tenga la finalidad de una reparación civil por parte de los reclusos, independientemente del tipo de delito que hayan cometido.

Según el documento presentado por el legislador Cayllahua, los presos estarían haciendo estas labores, “con la finalidad de resarcir al estado y a la sociedad en general el daño causado por el delito cometido”.

En el proyecto de ley también se indica que las actividades se realizarán en el área agrícola o forestal en terrenos del Estado.

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Así, en lo que respecta al área agrícola, los reclusos apoyarán en el acondicionamiento y preparación de las tierras para la siembra de cultivos, mejoramiento de suelos agrícolas, siembra, fumigación, riego, recolección de cosechas, resguardo de las siembras y de productos recolectados u otras actividades conexas.

Para la reforestación trabajarán en la recuperación de bosques que han sido destruidos por la tala y quema ilegal, “a fines de proteger la biodiversidad y los recursos naturales para contribuir al desarrollo forestal”.

Entre los beneficios, asegura el congresista Wilmer Cayllahua en el proyecto, los presos tendrán nuevos conocimientos en materia agrícola y forestal, y adelanta que en el sistema de trabajo comunitario el interno recibirá un pago monetario del Estado, la cual será retenida “parcialmente para cumplir la reparación civil dispuesta por el juez”.

“El pago recibido será destinado para la manutención del recluso dentro del centro penitenciario, para el cumplimento de la reparación civil a la víctima o para las obligaciones alimentarias que pueda tener el recluso para su núcleo familiar u otras que se puedan generar como consecuencia de su actividad delictiva”, se lee en el documento.

Esta iniciativa del Frepap excluye del cumplimiento del servicio comunitario como reparación civil a los presos que por motivos de salid tengan una discapacidad permanente.

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