Al presidente Jair Bolsonaro se le acusa de homicidio por "fallar en la lucha contra la pandemia". (Foto: EVARISTO SA / AFP)
Al presidente Jair Bolsonaro se le acusa de homicidio por "fallar en la lucha contra la pandemia". (Foto: EVARISTO SA / AFP)

El Senado brasileño instaló en abril una comisión para investigar posibles omisiones del gobierno de Jair Bolsonaro en el combate a la pandemia de coronavirus, que dejó más 600.000 muertos en el país.

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En cinco meses, los legisladores convocaron a decenas de testigos y revelaron una serie de fallas en los bastidores de la gestión de la emergencia sanitaria que podrían acarrear consecuencias penales y políticas para el presidente y otros miembros del gobierno.

Falta de oxígeno en Manaos

Los senadores hurgaron en las responsabilidades durante el desabastecimiento de oxígeno en la ciudad amazónica de Manaos en enero pasado.

La falta de oxígeno dio lugar a escenas de familias desesperadas haciendo fila para abastecer a sus seres queridos contagiados de COVID-19, y decenas de muertes por asfixia en medio de una segunda ola de coronavirus agravada por la variante Gama.

El exministro de Salud Eduardo Pazuello culpó a la empresa distribuidora y a las autoridades sanitarias locales de no haber advertido a tiempo que faltaría oxígeno.

El gobierno también afirmó haber puesto a disposición del estado de Amazonas el presupuesto para hacer frente a la pandemia.

“No era el dinero lo que faltaba, era el oxígeno. Por problemas logísticos, la incompetencia del gobierno federal, las autoridades locales y muchos otros”, dijo Omar Aziz, presidente de la comisión investigadora, la CPI.

Demora en compra de vacunas

El director ejecutivo de Pfizer para América Latina afirmó ante la CPI que el gobierno ignoró al menos tres ofertas de 70 millones de dosis anticovid en agosto de 2020.

La adquisición habría permitido a Brasil iniciar su campaña de vacunación con un mes de antelación, en diciembre, como en la mayoría de los países europeos.

Brasil empezó su campaña a cuentagotas a mediados de enero de 2021 con el inmunizante chino Coronavac, desacreditada por Jair Bolsonaro, y el de AstraZeneca. Las primeras dosis de Pfizer llegaron en abril.

Manifestantes protestan frente al Palacio Planalto en Brasilia el día en que se espera que el país alcance el hito de 600.000 personas muertas por el coronavirus. (Foto: EVARISTO SA / AFP)
Manifestantes protestan frente al Palacio Planalto en Brasilia el día en que se espera que el país alcance el hito de 600.000 personas muertas por el coronavirus. (Foto: EVARISTO SA / AFP)

Sospechas de corrupción

La comisión identificó irregularidades en las negociaciones entre el Ministerio de Salud y Precisa Medicamentos, que se decía representante de la farmacéutica india Bharat Biotech.

El director del Departamento de Importación del Ministerio de Salud, Ricardo Miranda, relató haber sufrido una “presión atípica” para sellar un contrato de compra de millones de dosis de la vacuna Covaxin que consideró sobrevaluadas.

Miranda y su hermano, el diputado Luis Miranda, se reunieron personalmente con Bolsonaro para informarle sobre las sospechas. El mandatario se comprometió a llevar el tema a las autoridades pero no lo hizo, por lo que pasó a ser investigado por prevaricación.

“Tratamiento precoz”

La CPI investiga las conexiones entre Brasilia y operadoras privadas de salud en la promoción del “tratamiento precoz” contra el COVID-19 con medicamentos ineficaces, según la ciencia, como la hidroxicloroquina, ivermectina y azitromicina.

Las principales acusaciones recaen sobre la operadora Prevent Senior, sospechosa de aplicar tratamientos experimentales con esos fármacos sin consentimiento de los pacientes, y presionar a médicos para recetarlos.

Además, habría disfrazado estadísticas de esos casos, informando dos muertes relacionadas con coronavirus en lugar de nueve.

La empresa, que ofrece seguros de salud y tiene su propia red de hospitales, tiene más de 540.000 afiliados en todo el país, según datos oficiales.

“Soy un testigo vivo de estas prácticas criminales”, dijo a la CPI Tadeu Andrade, de 65 años, quien recibió el ‘kit covid’ en su casa después de una consulta de telemedicina.

Una semana después, su salud se deterioró y fue hospitalizado en una instalación de Prevent Senior. Luego se le informó a su familia que su condición era terminal y que pasaría a cuidados paliativos.

Pero sus familiares cuestionaron este diagnóstico y exigieron que siguiera recibiendo tratamiento. Andrade finalmente se recuperó.

“Estos pacientes se convirtieron en conejillos de indias cuando se encontraban en una situación de extrema vulnerabilidad”, dijo a la AFP Bruna Morato, abogada de 12 médicos que denunciaron las prácticas de Prevent Senior. La firma niega irregularidades.

La CPI sospecha de los vínculos de la empresa con un “gabinete paralelo” del gobierno de Bolsonaro que intentaba imponer el “tratamiento precoz” para evitar restricciones que afectaran la actividad económica.

Fuente: AFP

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