El Ministerio Público pidió 35 años de prisión para el ex viceministro de Comunicaciones y los ex funcionarios del MTC, Mariella Huerta, Edwin Luyo y Miguel Navarro, por presunto favorecimiento a la empresa brasileña Odebrecht en la licitación del Metro de Lima.

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Además, para Santiago Chau Novoa, funcionario del MTC; Víctor Muñoz Cuba y Jessica Tejada, sobrino y pareja sentimental de Jorge Cuba, respectivamente, el fiscal pidió 25 años de prisión, y para los servidores Jesús Munive Taquía y Magdalena Bravo Hinostroza, 6 años y 6 meses de prisión.

El fiscal José Domingo Pérez sostuvo que Jorge Cuba transfirió, ocultó y convirtió US$ 1′400,000 de Odebrecht para repartirlos con Navarro, Tejada, Luyo, Huerta y Muñoz por el rol cumplieron para favorecer a la empresa brasileña con el Tramo 1 de la Línea 1 del Metro de Lima.

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Domingo Pérez indicó que Cuba recibió de Odebrecht US$ 6′700,000 y coordinó con Víctor Muñoz la apertura de cuentas bancarias en bancos extranjeros del Principado de Andorra, Suiza, Panamá, Bahamas y Estados Unidos para depositar el dinero, a cambio del cual favorecería a la empresa.

Cabe indicar que este viernes el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria dio inicio al control de acusación contra los exfuncionarios implicados en presunto favorecimiento a la empresa brasileña Odebrecht.

En el caso del Metro de Lima, la Fiscalía investigó los presuntos sobornos de Odebrecht a cambio de la adjudicación de la obra durante el segundo gobierno del fallecido expresidente Alan García (2006-2011).

Cabe recordar que en el 2019 el fiscal José Domingo Pérez presentó la acusación contra los implicados en este caso por los delitos de corrupción y lavado de activos.

El caso del Metro de Lima estalló en enero de 2017, con la detención de Jorge Cuba, quien había ocupado el cargo de viceministro de Transportes y Comunicaciones en el segundo gobierno de García Pérez. El juez Richard Concepción ordenó su captura nacional e internacional y días después el exfuncionario se entregó a la justicia.

Los primeros indicios de este escándalo fueron tres depósitos al ex funcionario mediante una empresa constituida fuera del país. Estos presuntos sobornos de parte de Odebrecht, por US$2 millones, habrían sido a cambio de la adjudicación de la obra.

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